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Sr. Jörg Wojahn Representante de la Comisión Europea en Berlín

Esta es una petición de Sofia Rodriguez Engelbrecht, Teresa Rojas Lara, Sandra Arellano Cruz

Texto de la petición

Un día de febrero del año en curso, más de 2.000 pescadores de Ventanilla (Perú) se despertaron y descubrieron que las playas de las que dependen estaban envenenadas por petróleo más allá del horizonte que alcanzaba su vista. Un oleoducto submarino, que forma parte de las operaciones de perforación de la empresa petrolera española Repsol, se había roto y había derramado más de 1.000 toneladas de petróleo crudo en el océano, matando aves, peces y nutrias marinas y contaminando más de 25 playas, un área dos veces más grande que Berlín[1]. Desde entonces, los pescadores desesperados junto con otros lugareños afectados han estado buscando justicia. Mientras tanto, y tras un breve paréntesis, la empresa ha reanudado sus operaciones, sin haber hecho prácticamente nada para limpiar el desastre ni pagar reparaciones a los más afectados.

Ejemplos como éste abundan en todo el hemisferio sur y en el mundo. Empresas europeas que muestran un desprecio absoluto por la salud de los ecosistemas y las comunidades locales. Personas afectadas que luchan por la justicia y se topan con un muro, con gobiernos a menudo corruptos y cómplices y con empresas indiferentes, que no parecen rendir cuentas a nadie.

Por ello, queremos instar a la Comisión Europea a que dé prioridad a la aplicación de la propuesta de Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad de las empresas. Nuestro objetivo es dar a las personas afectadas las herramientas legales para defenderse de la frecuente destrucción y el sufrimiento que generan estas empresas. Si esta Directiva se aplica e incluye mecanismos civiles y penales adecuados para su cumplimiento, las empresas europeas que operan en los distintos países del hemisferio sur tendrán que rendir cuentas de los impactos de sus acciones. De este modo, se evitarán más daños al medio ambiente y a la salud, así como violaciones de los derechos humanos de las poblaciones locales.

 

Por qué es importante

Para evitar más sufrimiento, injusticia y comportamiento colonial por parte de las empresas europeas en el Sur Global, queremos llamar la atención de los europeos sobre la lucha de los pueblos de primera fila contra estas empresas inhumanas.

Nos encontramos ante el lamentable escenario de regiones enteras que son sacrificadas en aras del beneficio económico, mientras que las comunidades locales se encuentran indefensas e incapaces de hacer valer sus derechos. El derrame de petróleo en Perú es sólo un ejemplo reciente.

Otro ejemplo es el del Fracking en Vaca Muerta, Argentina. Se han producido protestas masivas y acciones legales por parte de las comunidades afectadas, pero Wintershall (Alemania), Total (Francia), Shell (Países Bajos y Reino Unido), etc. continúan impasibles con sus letales actividades. Las consecuencias del Fracking son bien conocidas:  contaminación del agua potable, contaminación del aire por compuestos orgánicos volátiles (COV), por nombrar solo dos. Esto aumenta significativamente la aparición de cáncer y otras enfermedades en las poblaciones locales, incluida la leucemia infantil.

El hecho de que muchas de estas empresas se dediquen a la extracción de petróleo y gas natural es un aspecto crucial. La crisis climática provocada por la extracción de combustibles fósiles amenaza con colapsar los ecosistemas en los que se basa la vida y afectará primero y con más fuerza a los habitantes del hemisferio sur. A través de la Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad de las empresas, la Unión Europea puede garantizar que el comportamiento de las empresas en una amplia gama de sectores económicos promueva la transición hacia una economía neutra desde el punto de vista climático y verde. Esto está en línea con el Pacto Verde Europeo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente los objetivos de derechos humanos y medioambientales, y el Acuerdo de París.

Se necesita urgentemente una norma de conducta que obligue a las empresas transnacionales europeas a adoptar medidas concretas de diligencia debida en sus cadenas de suministro, de principio a fin, incluyendo mecanismos de reclamación y responsabilidad civil y penal. La aplicación de una norma de este tipo es imprescindible para que se aplique la misma responsabilidad a todas las empresas con sede en Europa. Esto garantizará que no puedan eludir sus responsabilidades cambiando de domicilio legal.

 

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