Esta es una petición de Espacio Vecinal de La Adrada

Por qué es importante

El recibo del agua no se puede convertir en un instrumento para recaudar dinero con otros fines distintos a los de la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

La Iniciativa Ciudadana Europea  Right2Water ha reunido más de 1,8 millón de firmas para pedir a la Comisión Europea que proponga una revisión de la Directiva sobre el Agua Potable que sustente el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano en el mismo sentido establecido por las Naciones Unidas.  Y el Parlamento Europeo ha apoyado esta iniciativa remarcando que los beneficios no deben obtenerse de bienes públicos como el agua.

En plena crisis económica y sanitaria el agua ha resultado un recurso fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica, y en consecuencia, para la salud. En este contexto, en nuestra localidad nos encontramos con que parte de la población se provee de agua de las fuentes naturales o la compra embotellada con el consiguiente trastorno económico y ambiental.

El ayuntamiento quiere además utilizar el recibo del agua para financiar una infraestructura deportiva o turística municipal: una piscina recreativa. La corporación local ha decidido aumentar las tasas un 5% correspondiendo, al parecer, un 2,9% a la deuda de la piscina municipal.

En este sentido, es fundamental distinguir los diferentes usos del agua: el de consumo humano es un derecho, mientras que otros usos no lo son, como los relacionados a demandas recreativas, como pueden ser las de las piscinas.

Es necesario que las corporaciones locales dicten las ordenanzas tributarias dentro de los contenidos de los derechos humanos, especialmente el del agua, que marcan los órganos supranacionales mencionados.
Los vecin@s hemos interpuesto reclamaciones que el ayuntamiento ha desestimado pretextando que son meras solicitudes de información, de manera que solo queda recurrir a los tribunales de justicia con un contencioso-administrativo. Pleitear contra la administración local resulta caro, difícil y complejo. 

Frente a la vulneración de este derecho humano al agua, l@s vecin@s hemos mostrado nuestra oposición y reivindicamos nuestra participación en las decisiones que nos afectan, especialmente en este recurso esencial.
Por ello hemos acudido al Defensor del Pueblo, el Procurador del Común en Castilla y León y solicitamos el apoyo de toda la ciudadanía y la solidaridad entre los pueblos.

Mañana puede que en tu localidad quieran hacer lo mismo con el recibo del agua. ¡Y allí estaremos contigo! No permitas que esto ocurra.

Agradecemos muchísimo tu ayuda para poder reclamar el Derecho humano al agua libre de costes ajenos al ciclo urbano del agua. 

Como el ayuntamiento es el titular de los servicios de agua y, al mismo tiempo, el organismo regulador de los mismos,  solicitamos la intervención de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para que interceda ante el propio consistorio con el fin de que  reconsidere la revisión de las tarifas de agua en los términos que se aprobaron en el Pleno.

Nuestra petición se enmarca en un conjunto de PROPUESTAS PARA EL ESTADO ESPAÑOL

• Reconocer por ley el derecho humano al agua en España tras diez años del reconocimiento por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010.
• Contemplar en toda su extensión este derecho humano, tanto por sus criterios normativos (accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad) y como por sus principios constituyentes relativos a la universalidad, no discriminación, participación y acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad.
• Activar de urgencia el mínimo vital de agua, es decir, la garantía del acceso a unas dotaciones de agua gratuitas que permitan un nivel de vida digno.
• Excluir del recibo del agua cualquier concepto que no esté relacionado con el servicio de abastecimiento de agua. La contraprestación económica de los servicios del ciclo integral urbano del agua debe tener como objetivo y límite la autofinanciación del ciclo, sin que se incluyan costes distintos que no estén asociados al mismo, y excluyendo totalmente que los ingresos sirvan para sufragar gastos municipales ajenos al ciclo: el dinero del agua debe ir solo para el agua.
• Prohibir por ley los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados. Hasta tanto no se prohíban los cánones concesionales, es necesario regularlos en el sentido de obligar a que la aportación financiera que suponen debería destinarse íntegramente a los servicios del ciclo integral urbano del agua.
• Asegurar la transparencia en  los contratos concesionales tanto en la disponibilidad  como en el nivel de servicio comprometido, especificando estos aspectos en los Pliegos de bases de la licitación exigibles a los concesionarios.
• Eliminar los contratos de concesión  de larga duración, debiendo ajustarse, en todo caso, a lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.
• Asegurar la imposibilidad de realizar cortes de suministro por motivos de vulnerabilidad económica y social, así como la garantía del acceso a unas dotaciones de agua gratuitas que permitan un nivel de vida digno(mínimo vital).
• Derogar  la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que  favorece la privatización de los servicios de abastecimiento  y eliminar las trabas para la remunicipalización de los mismos.
• Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación y ayudas públicas que favorezcan la gestión pública de los servicios esenciales del ciclo integral urbano del agua, vinculados a derechos humanos.
• Dotar de financiación suficiente a los servicios públicos de gestión directa, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados entre sí al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se ha puesto en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana. En concreto, se propone:

• Sistema de avales del Estado para préstamos a  empresas públicas.
• Reducción del IVA a la consideración de superreducido del 10% al 4%, que es de aplicación, entre otros, a los productos de alimentación básica.
• La exención del IVA en el tramo del mínimo vital.
• Fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua.
• Controlar el nivel de pérdidas de agua en la red.

• Creación un organismo específico -Observatorio o Laboratorio-, del ciclo integral urbano del agua que propicie la comunicación, cooperación y el apoyo mutuo entre los entes locales, a la vez que garantice la transparencia en el ciclo y el acceso a la información por parte de la ciudadanía como garante de su participación activa y efectiva.
• Reestructuración del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), de forma que su gobierno y funcionamiento garantice la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, a la vez que se resuelvan las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de 2017 del Tribunal de Cuentas.
• Elaborar una Ley de Bases de la regulación del ciclo integral urbano del agua, sin introducir la figura del órgano regulador único, respetando el marco competencial vigente de los ayuntamientos, con mecanismos que tiendan a una mayor homogeneidad en la gestión que mejore la definición de la prestación de los servicios en un marco de derechos, de participación ciudadana activa, de transparencia y rendición de cuentas que respondan a los nuevos retos derivados del reconocimiento del derecho humano al agua, sin nuevas limitaciones a los entes locales.
• Facilitar  la remunicipalización de la gestión de los servicios del ciclo integral del agua, de forma que se  asegure la estabilidad en el empleo y se asuma la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma del modelo definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
• Incorporar el estudio de estrategias de reutilización del agua en los programas gubernamentales actuales y a su vez iniciar la progresiva implantación de las mismas. A nivel municipal, debe ser sustituida el agua de riego y de limpieza de las calles con sustitutos que incluyen el agua residual municipal tratada, las aguas de retorno agrícolas, el agua de procesos industriales y aguas de refrigeración y el agua lluvia. A nivel empresarial, industrial y de los hogares, se desarrollarán planes de incentivo a estas iniciativas, iniciando por un proceso de educación y de divulgación de buenas prácticas que se efectúen en otras zonas.