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Al Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo

Crédito de la fotografía: Daniel González Rodríguez

Esta es una petición de Ciudadanía por unas energías renovables comprometidas con la vida


Las organizaciones que quieran unirse al manifiesto y aparecer públicamente en la lista de promotores pueden ponerse en contacto con info@wemove.eu

Texto de la petición

Pedimos que se garantice la armonización del desarrollo de las energías renovables con la conservación de la biodiversidad, priorizando el ahorro, la eficiencia y la producción en autoconsumo con participación de la ciudadanía, y que la ocupación de nuevo suelo se limite a las zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural y cultural. Para ello se debe:

  • Concluir la planificación energética de las islas y la evaluación ambiental de la misma. En tanto que esto no ocurra, el Gobierno de Canarias debe garantizar que los nuevos proyectos que se aprueben no suponen un riesgo para la biodiversidad, y paralizar aquellos sobre los que existan dudas sobre su viabilidad ambiental.
  • Priorizar el ahorro y la eficiencia energética, así como el impulso a las instalaciones de autoconsumo.
  • Poner en marcha un mecanismo de seguimiento ambiental independiente de los parques eólicos y fotovoltaicos.
  • Usar la mejor tecnología disponible para reducir las colisiones de fauna que se producen en las instalaciones eólicas y que se pongan en marcha protocolos de parada efectivos de aerogeneradores cuando se detecte una mortalidad significativa.
  • Dotar a los cuerpos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de los presupuestos y recursos humanos suficientes para una gestión adecuada de la energía renovable.

Por qué es importante


El archipiélago canario es el punto de biodiversidad más importante de la Unión Europea y uno de los más relevantes del mundo. Ocupando poco más del 1% de la superficie del territorio estatal, Canarias es la comunidad autónoma más rica en patrimonio natural. Casi el 40% de las especies de fauna y, aproximadamente, el 30% de las especies vegetales son endémicas; es decir, exclusivas de estas islas. En cuanto a singularidad y diferenciación, las aves canarias no son una excepción. Canarias alberga seis especies de aves endémicas, y una veintena de subespecies que sólo se encuentran en esta región, algunas tan amenazadas como el guirre, la avutarda hubara canaria, el cuervo o la pardela pichoneta canaria, entre otras. Esta extraordinaria riqueza natural, fruto de una compleja historia evolutiva, se sustenta en una amplia diversidad de ecosistemas exclusivos y muy diferenciados. La necesidad de preservar estos espacios y las especies que albergan ha motivado que, aproximadamente, el 40% de su superficie se encuentre bajo la protección de alguna figura legal, tanto a nivel internacional, como estatal y regional, existiendo convenios internacionales para la protección de la biodiversidad y sus hábitats.

Pese a la existencia de un marco normativo para garantizar su adecuada protección, la biodiversidad insular se encuentra amenazada por factores como la fragmentación y destrucción de sus hábitats, el cambio climático, la introducción de especies exóticas invasoras, la contaminación, el uso indiscriminado de venenos, etc. En general, las islas se hallan sometidas a una importante presión por parte del ser humano, cuya actividad, directa o indirectamente, ya ha sido responsable de la extinción de un número significativo de especies. En el caso de las aves, las principales causas de mortalidad no natural son las colisiones con infraestructuras como los tendidos eléctricos y líneas telefónicas, así como los atropellos, la caza ilegal, los mamíferos introducidos o el veneno, entre otras.

Las islas no son ajenas a la pérdida generalizada de biodiversidad que se está experimentado a nivel mundial, pero dada su singularidad y fragilidad, la biodiversidad canaria es altamente vulnerable a estas amenazas. Así, Canarias constituye un punto caliente de biodiversidad amenazada.

Existe un amplio consenso científico sobre la necesidad de adoptar, de forma urgente y ambiciosa, medidas para mitigar el cambio climático y adaptarnos, con soluciones que protejan la naturaleza, a los efectos que ya está provocando el aumento de la temperatura media en el planeta. La comunidad científica aplica un similar nivel de emergencia a la necesidad de abordar la creciente pérdida de biodiversidad global. Se trata, según el mejor conocimiento científico, de dos realidades interconectadas, dos caras de la crisis ecológica. En este contexto, la necesidad de realizar una transición hacia un modelo energético sostenible es inequívoca y en el caso de zonas especialmente vulnerables, como son las islas Canarias, avanzar de forma decidida hacia su descarbonización es aún más importante.

Para lograr este objetivo no más tarde de mediados de siglo, tal y como marca el Acuerdo de París, el abandono de fuentes de generación de energía de origen fósil y su sustitución por tecnologías de origen renovable, acompañado de un significativo aumento del ahorro energético y la participación de la ciudadanía, resultan tareas ineludibles y urgentes para reducir a cero tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la contaminación asociada al uso de combustibles fósiles.

Esta transición no puede ser solo energética: también debe contribuir a conservar y enriquecer la biodiversidad, y al conjunto de la población, garantizando el acceso de la ciudadanía a los bienes públicos como los recursos energéticos renovables. El despliegue renovable debe realizarse sobre la premisa de que, sin una selección adecuada de su ubicación y dimensiones, las instalaciones pueden afectar de forma severa a la biodiversidad.

Ya existe amplia evidencia de proyectos de energía fotovoltaica y eólica ocupando extensiones de alto valor ecológico, y es preciso evitar que esta tendencia persista, porque también está constatada la afectación a la biodiversidad que produce esta ocupación.

Las islas Canarias tienen una superficie reducida. Esto convierte al suelo en un recurso limitado. Los suelos son, junto a los océanos, los principales sumideros de carbono y por tanto aliados fundamentales en la mitigación del cambio climático. Un suelo estructurado y rico en biodiversidad tiene 3 veces más capacidad de acumular CO2 que la atmósfera. Además, el 90% de los suelos de nuestro archipiélago muestran evidencias de estar en riesgo de desertificación y son especialmente vulnerables, a la vez que necesarios para la adaptación al cambio climático. Utilizar amplias superficies de suelo haciéndole perder las cualidades naturales que les son propias para acometer infraestructuras renovables y sus instalaciones asociadas (tendidos eléctricos, vías de servicio, etc.), en lugar de restaurarlo, contribuye a incrementar los problemas ambientales y los hace menos resilientes ante los impactos del cambio climático. No sólo es necesario restaurar ecológicamente las áreas degradadas sino también garantizar la conectividad suficiente entre los distintos hábitats de manera que se mantengan en un buen estado de conservación las especies y los ecosistemas. restaurarlo, contribuye a incrementar los problemas ambientales y los hace menos resilientes ante los impactos del cambio climático. No sólo es necesario restaurar ecológicamente las áreas degradadas sino también garantizar la conectividad suficiente entre los distintos hábitats de manera que se mantengan en un buen estado de conservación las especies y los ecosistemas.

En el caso de la producción de energía eólica terrestre, los proyectos pueden generar impactos negativos para la biodiversidad en todas sus fases, desde la construcción de las instalaciones, a la explotación y el desmantelamiento. Dos de los grupos faunísticos más afectados por esta tecnología son las aves y los murciélagos. En concreto, los impactos que se generan sobre esta fauna consisten en colisiones, principal causa de mortalidad directa, molestias y desplazamiento, efecto barrera y destrucción del hábitat. Además, como se ha indicado, se produce ocupación y degradación del terreno, impacto paisajístico y ruido. Lejos de ser un problema menor, la década pasada se estimó que una horquilla de entre 6 a 18 millones de aves y murciélagos fallecían anualmente en los casi 18.000 aerogeneradores instalados a nivel estatal. A partir de esta información se puede concluir que la mortalidad en Canarias es, cuanto menos, significativa.

El desarrollo de las energías renovables puede garantizar su adecuación con los objetivos de conservación de la biodiversidad si cuenta con la adecuada planificación estratégica. Es viable y es positivo para todos, y la actual normativa provee al Gobierno canario de herramientas claras para garantizarlo, un plan previo de desarrollo energético que incluya un mapa de sensibilidad ambiental vinculante, tanto terrestre como marino, que defina de forma clara zonas de exclusión. Este plan, en cumplimiento de la ley, se ha de someter a una evaluación ambiental estratégica, un trámite administrativo preceptivo que analiza los posibles efectos negativos para el medio ambiente de un plan y propone medidas para evitarlo.

Sin embargo, las islas Canarias están experimentado un desarrollo rápido de las energías eólicas, y comienzan a implantarse instalaciones para la producción de energía fotovoltaica, sin que las administraciones autonómicas competentes hayan realizado ni la adecuada planificación energética previa, ni la preceptiva evaluación ambiental estratégica. Tampoco se ha realizado el más que necesario estudio para determinar las zonas potencialmente aptas, con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias negativas para el medio ambiente, tal como exige la normativa comunitaria.

En la actualidad, una importante parte de los emplazamientos donde se están instalando o proyectando plantas renovables están produciendo afectaciones inaceptables sobre la biodiversidad. En términos generales, y si la situación persiste, no se puede garantizar la sostenibilidad del despliegue renovable en las islas.

Las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto necesarias para obtener la autorización que permita instalar y explotar una instalación eólica o fotovoltaica son insuficientes puesto que no se inscriben en el marco de una planificación a nivel regional e insular previa. Además, en un número creciente de ocasiones, estos estudios adolecen de una falta de rigor científico y no justifican adecuadamente por qué es necesario realizar un proyecto concreto en una ubicación determinada. Por ejemplo, son habituales los proyectos que se tramitan sin tener en cuenta el impacto sinérgico o acumulativo, debido al conjunto de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, con lo que sus conclusiones estarían subestimando el impacto real. Por otro lado, en el caso de los parques eólicos y su afectación a la fauna, los datos que ofrecen las propias empresas que explotan las instalaciones eólicas sobre la mortalidad de aves y murciélagos, cumpliendo con las tareas de seguimiento que marca la normativa, son generalmente datos en apariencia muy bajos y poco creíbles, en especial, si se comparan con los datos recabados por agentes de la autoridad en su labor de inspección en estas mismas zonas.

En el medio marino, comienzan a tramitarse las primeras instalaciones en el archipiélago. Canarias tampoco cuenta con una planificación que determine, mediante una escala suficiente, aquellas zonas aptas para la instalación de plantas eólicas marinas, cuestión para la que el Gobierno canario tiene competencias.

Para garantizar que la transición energética también sea una transición ecológica modélica, que convierta a Canarias en un archipiélago libre de emisiones, con una mejor calidad de aire y un ejemplo de conservación de su patrimonio natural, las distintas organizaciones que suscriben este manifiesto consideran que el despliegue renovable en las islas puede y debe priorizar la protección y conservación de la biodiversidad y la participación de la ciudadanía en la producción, contribuyendo a mantener y aumentar la riqueza natural, geológica, cultural y económica del territorio en el que se implanta y de las personas que lo habitamos, poniendo freno al proceso de despoblamiento del medio rural y promoviendo oportunidades de desarrollo socioeconómico sostenibles.

Por todo lo expuesto previamente, los colectivos y organizaciones firmantes solicitamos:

  1. Que se garantice normativamente y de forma vinculante la armonización del desarrollo de las energías renovables en Canarias con la conservación de la biodiversidad, priorizando el despliegue de estas en las zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural.
  2. Que, de manera urgente, se concluya la planificación energética de las islas y la evaluación ambiental estratégica de dicha planificación energética, con arreglo a la normativa estatal y comunitaria. En tanto que esto no ocurra, el Gobierno de Canarias debe adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar que los nuevos proyectos que se aprueben no suponen un riesgo para la biodiversidad, y paralizar aquellos sobre lo que existan dudas sobre su viabilidad ambiental.
  3. Que se priorice el ahorro y la eficiencia energética y la participación de la ciudadanía en la producción energética, con el impulso a las instalaciones de autoconsumo en zonas residenciales, industriales y comerciales que, según estudios técnicos del propio Gobierno canario, podrían llegar a cubrir entre 35-40% de la demanda eléctrica de los edificios del archipiélago.
  4. Al objeto de contar con mejor información, y en coordinación con las autoridades competentes, que se ponga en marcha un mecanismo de seguimiento ambiental independiente de los parques eólicos y fotovoltaicos para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de las autorizaciones, la independencia en la ejecución de los planes de vigilancia ambiental y el debido análisis, publicación y uso de los datos recopilados.
  5. Que se informe a la sociedad acerca de la importancia de armonizar el desarrollo de las energías renovables con la conservación de la biodiversidad en una de las zonas con mayor riqueza de la Unión Europea, entre otras cosas, garantizando total transparencia sobre los proyectos en tramitación.
  6. Que se exija el uso de la mejor tecnología disponible para reducir las colisiones de fauna que se producen en las instalaciones eólicas y que se pongan en marcha protocolos de parada efectivos de aerogeneradores cuando se detecte una mortalidad significativa.
  7. Que se dote a los cuerpos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de los presupuestos y recursos humanos suficientes para tramitar los proyectos normativos, planes y estrategias pertinentes, junto con las directrices, evaluaciones de impacto y estudios asociados, con el máximo rigor y dentro de los plazos legales establecidos.

Organizaciones promotoras del manifiesto por unas energías renovables comprometidas con la vida:

  • Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (ASCAN)
  • Asociación Abeque
  • Agonane-Ecologistas en Acción
  • Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC - Bertheloti)
  • Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)
  • Asociación Vientos del Noreste
  • Colectivo Azaenegue
  • Colectivo Guanil
  • Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción
  • Ecologistas en Acción Lanzarote
  • Ecologistas en Acción Tenerife
  • Federación ecologista canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción
  • Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias (GOHNIC)
  • Greenpeace
  • Fundación Telesforo Bravo Juan Coello
  • Imidauen
  • La Centinela
  • La Vinca-Ecologistas en Acción
  • Las Palmas en Bici
  • Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético para Canarias (Px1NMEC)
  • Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
  • Turcón Ecologistas en Acción
  • World Wildlife Fund (WWF)

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